Justicia de Córdoba se declaró incompetente para resolver la causa

Así lo determinó la Cámara Federal de Córdoba al pronunciarse ante una apelación presentada en contra de un falló dispuesto por el juez Federal Ricardo Bustos Fierro que autorizó a la empresa a seguir cobrando un abono de 147 pesos por mes.

BUENOS AIRES - La Justicia Federal de Córdoba se declaró incompetente para resolver la causa en la que se discute el valor del abono de Cablevisión, fijado en 109 pesos por la Secretaría de Comercio Interior, y dispuso que el tema pase a manos de la Justicia Federal porteña debido a que en esa jurisdicción la empresa tiene su sede central.

Así lo determinó la Cámara Federal de Córdoba al pronunciarse ante una apelación presentada en contra de un falló dispuesto por el juez Federal Ricardo Bustos Fierro que dispuso la suspensión de la Resolución 36 de Comercio Interior y que autorizó a la empresa a seguir cobrando un abono de 147 pesos por mes.

El tribunal dejó establecido que la pretensión de la compañía al pedir la medida cautelar es en relación “a todo el marco territorial de actuación de la empresa (…)”, es decir una inhibición de alcance nacional.

La aceptación de este criterio, destacó la sala A del tribunal, podría conllevar al inicio de "sucesivas causas de idéntica naturaleza y objeto con la consiguiente inseguridad jurídica que ello provoca", informaron fuentes judiciales.

Con la firma de los camaristas Luis Rodolfo Martínez y Roque Ramón Rebak, el tribunal cordobés resolvió declarar la “incompetencia territorial de la Justicia Federal de Córdoba” para entender en esa causa, y remitirla “al tribunal competente”, reviendo la decisión del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, que hizo lugar al pedido formulado por Cablevisión.

El Estado Nacional había apelado la resolución manifestando que el tema, si bien es del ámbito federal, debió iniciarse en la Capital Federal que es donde Cablevisión tiene su sede.

En su decisión, el tribunal cordobés destacó que la competencia territorial de causas como éstas, “seguidas por empresas de servicios con sede central y sucursales en distintos puntos del territorio nacional, se rige por el domicilio principal o social de su casa matriz constituido”.