Piden que se investigue al Estado por contaminación con productos agrotóxicos

Funam y 30 querellantes particulares reclaman que se evalúe la responsabilidad de la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Salud, la Agencia Córdoba Ambiente, la Epec, el Ersep y la Municipalidad de Córdoba.

En el marco de la causa que se investiga la contaminación de barrio Ituzaingó Anexo, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y los 30 querellantes particulares pidieron al fiscal Carlos Matheu que evalúe la responsabilidad del Estado en la contaminación del sector que, se supone, causó la enfermedad de al menos 200 personas, de las cuales 80 ya murieron.
La medida se debe a que en los tanques de agua, suelo y en las viviendas se encontró presencia de otros elementos contaminantes además de los agroquímicos, entre los que cuentan restos de PCBs, metales pesados y arsénico.
Por ello se pide la investigación del Estado provincial a través de la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Salud, la Agencia Córdoba Ambiente, la Epec, el Ersep y la Municipalidad de Córdoba.
En tanto, el fiscal Carlos Matheu imputó ayer por “contaminación dolosa continuada” al responsable de la aeroaplicación de plaguicidas en campos aledaños a barrio Ituzaingó Anexo. La semana pasada el fiscal imputó a dos productores.
El doctor en Biología, Raúl Montenegro, indicó que el objetivo de Funam y de los vecinos denunciantes «es establecer los niveles de responsabilidad no solamente de las personas que aplicaron plaguicidas dañinos para la salud sino también la responsabilidad de funcionarios públicos”. Entre los organismos cuya investigación se solicitó, se encuentran la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Salud, la Agencia Córdoba Ambiente, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) y la Municipalidad de Córdoba».
El especialista indicó que en esta causa «la Justicia busca relacionar enfermedades y muertes ocurridas en el barrio con la aplicación de plaguicidas, pero también con PCBs, metales pesados y arsénico, otros contaminantes presentes en el lugar». Recordó que muchos de los plaguicidas aplicados en el lugar, como endosulfán, glifosato y sus derivados, sulfato de endosulfán y Ampa, respectivamente, «afectan el sistema hormonal incluso a bajas dosis». Agregó que «tanto el campo como el suelo de las viviendas, los tanques de agua y los propios organismos humanos han estado actuando como acumuladores de plaguicidas antiguos y recientes. Muchos de los plaguicidas clorados persistentes son posibles cancerígenos humanos según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, Iarc (Grupo 2B)».
El abogado patrocinante de Funam, Carlos Nayi, reiteró que se solicitó la investigación «de todos los responsables y finalmente se establezca la relación de causalidad entre las conductas denunciadas y el impacto en la salud y las muertes ocurridas en Ituzaingó Anexo, un barrio habitado por más de 5.000 personas».
Las cuestionables autorizaciones de plaguicidas otorgadas por el Senasa también son responsables del genocidio químico y silencioso.