Tragedia de Once: acusan por "peculado" y "estrago culposo" a Jaime, Schiavi y Cirigliano

19/04/2012 |  El fiscal federal Federico Delgado acusó hoy a las 30 personas citadas a indagatoria. Dijo que hubo "desidia" y "negligencias múltiples", como consecuencias de las cuales se produjo el incidente que causó 51 muertes.


El fiscal federal Federico Delgado acusó a las 30 personas citadas a indagatoria por la tragedia del tren de Once de los delitos de "estrago culposo" y "peculado" por la malversación de caudales públicos en relación a los subsidios del Estado que habrían sido "sustraídos del fin originalmente previsto".
Entre las 30 personas convocadas, que deberán responder sobre esos delitos, se encuentran los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, además de los titulares de la empresa TBA, Sergio Claudio y Roque Cirigliano, y el maquinista, Marcos Córdoba.
El magistrado incluyó también al titular de la CNRT, Antonio Sicaro, y su antecesor Pedro Ochoa Romero, al subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, y a otros funcionarios, empresarios y empleados de TBA y del Ferrocarril Sarmiento que deberán presentarse en Comodoro Py entre el 7 de mayo y el 11 de junio próximos.
La resolución del fiscal señala que el delito de "peculado" apuntaría en este caso a los fondos cuya administración estaba en cabeza de la Secretaría de Transporte y que "fueron sustraídos del fin originalmente previsto o, al menos quienes debían controlar el cumplimiento del contrato de concesión no custodiaron el destino que el concesionario asignó a esos fondos".
"Ello está más que esclarecido. Es más, la propia pericia contable que ordenó el señor juez instructor tan sólo, eventualmente, podría ser prueba del peculado pero jamás lo podría negar porque es evidente que la infracción se cometió, sobre todo, tomando como premisa los trabajos de la AGN", señala el fiscal.
Y advierte que "esa circunstancia coloca a los funcionarios públicos imputados, en cuya área de competencia se produjo el desvío, como cómplices de esa sustracción", mientras que para el caso de los agentes privados, excepto Marcos Córdoba, "la actividad reseñada los transforma en partícipes porque sin sus comportamientos la sustracción no hubiese ocurrido".
"Hubo una gran cantidad de caudales públicos que no llegó a su destino. Se trata de subsidios que no se corresponden con el pobre servicio de ferrocarril. Esto quiere decir que los fondos no se aplicaron al fin previsto. Es verdad que no sabemos con precisión adonde fueron a parar. Sin embargo, sabemos donde no fueron a parar", apuntó Delgado.
Agregó, al respecto que "el Estado nacional tenía a través de la Secretaría de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y la CNRT las capacidades jurídicas para velar el buen cumplimiento del contrato de concesión", y agregó que "en ese triángulo yace la cuestión nodal: la ausencia del Estado que privilegió su relación con una empresa privada respecto al interés general que ese Estado, en principio, encarna".
Por el delito de malversación de caudales públicos o "peculado" se castiga con "reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".
Respecto al delito de estrago culposo, Delgado señaló que hubo "desidia" y "negligencias múltiples": "Schiavi, Jaime y Luna que no implementaron decisiones de control. El desempeño de Ochoa Romeo y Sícaro no traspasó la formalidad en esa materia. Córdoba que no prestó la atención necesaria. Los integrantes del "grupo Cirigliano" que se guiaron por un frío interés de lucro al que subordinaron el compromiso asumido al firmar el contrato de concesión", apuntó
A todos, por ende, "les es imputable el resultado producido y todos, en consecuencia, deben responder por los hechos que, a nuestro juicio, constituyen el delito previsto por el artículo 196 del Código Penal, agravado al haber resultado lesionada y muerta muchas personas", indicó el fiscal.
Ese delito establece que "será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo. Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno a cinco años".