Las Maniobras del Poder Judicial en la causa Vialidad

A lo largo del juicio, CFK no fue mencionada. Las obras se hicieron con fondos del Presupuesto Nacional, votados por el Congreso. La auditoría demostró que estaban bien hechas y no se pagó nada que no se hubiera construido 

Un escándalo desde el primer día hasta el disparatado fallo de la Corte Suprema. Es el resumen de un expediente que el máximo tribunal resolvió en el día exacto anticipado por la alianza política-económica-judicial-mediática alineada con la derecha. A lo largo de tres años de juicio, Cristina no fue mencionada, no se presentó un solo chat, un correo electrónico que la vinculara con la construcción de las rutas en Santa Cruz. Los tramos fueron licitados, adjudicados y pagados en esa provincia, con fondos del Presupuesto Nacional votados por diputados y senadores.  El control de las obras lo ejerció Vialidad Nacional, un ente autárquico, y la auditoría demostró que las obras estaban bien hechas y no se pagó nada que no se hubiera construido.

El vergonzoso armado político, destinado únicamente a condenar a CFK y sacarla de la cancha electoral, tiene centenares de episodios de todo tipo y color.

Esta es una breve síntesis:

• La denuncia la puso en marcha el interventor ultramacrista en Vialidad, Javier Iguacel. El funcionario mandó a hacer una auditoría el primer día tras su asunción. Fue su resolución número 1.
• No ordenó una auditoría sobre todas las provincias, sino sólo sobre una: Santa Cruz. O sea, apuntó desde el origen contra Cristina.
• La auditoría fue hecha por dos ingenieros y un contador. El dictamen fue contundente. Entre lo pagado y lo construido "no hubo diferencias significativas", apenas el 0,6 por ciento que, consistía en la falta de terminación de una rotonda.
• Pese a ello, Iguacel formuló la denuncia, aduciendo que Lázaro Báez fue beneficiado porque ganó 51 de las 81 licitaciones de tramos.
• En su momento, las acusaciones mediáticas eran muy distintas. Que las rutas no iban a ningún lado; que se pagaron y no se construyeron y que las obras eran demasiadas para una sola provincia. Todas esas imputaciones se cayeron, entre otras cosas, porque los auditores dijeron que eran falsas y porque las obras se votaron en el Congreso.
• A lo largo del juicio, declararon numerosos empresarios de la construcción. Todos coincidieron en que era lógico que Báez ganara licitaciones porque podía imponer valores más bajos dado que tenía la maquinaria y los empleados en Santa Cruz. No necesitaba llevarlos desde otras provincias, algo costosísimo. Eso declaró hasta Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri.
• Durante todo el proceso, los abogados de Cristina, Carlos Alberto Beraldi y Ary LLernovoy, reclamaron una pericia comparativa con los valores de la construcción en otras provincias. Y, además, que en el resto del país se verificaba el mismo fenómeno: la mayoría de las obras las ganaron, en cada provincia, las empresas con sede más bien local.
• El juicio comenzó sin pericias. O sea, se acusaba a todos los imputados por sobreprecios o favorecer a Báez sin que hubiera ningún estudio. Ante el reclamo a la Corte, el máximo tribunal dijo que se pronunciaría una vez hubiera fallo. Ahora hay un fallo y la Corte decidió no ingresar al análisis.
• Finalmente, el Tribunal Oral dispuso que se hagan pericias sobre tres (3) obras de las 81. El escándalo es de tal envergadura, que hay condenados por sobreprecios que no tuvieron nada que ver con esas obras, sino que intervinieron en otras.
• Las tres obras elegidas para peritar fueron tres tramos de la Ruta 3, que se abandonaron en la época de Macri y luego se volvieron a licitar. El argumento fue que la nueva licitación se hizo a precios más bajos, algo considerado un disparate: primero, porque ya se había construido una parte antes y, segundo, porque el nuevo ganador tenía paradas las máquinas y quiso ofertar un precio bajo. No se hizo una pericia comparando ese tramo con cualquier otra obra del país.
• El tribunal designó como perito oficial a Eloy Bona, un ingeniero que había tuiteado reiteradamente contra Cristina. La defensa lo objetó, pero el Tribunal rechazó los cuestionamientos. O sea, todo tendencioso.
• Lo insólito es que los dos peritos oficiales no se pusieron de acuerdo en cómo evaluar el valor de las obras y la perito de la defensa, la ingeniera Adriana Alperovich, fue sólida y lapidaria. Como los peritajes oficiales fueron una vergüenza, el Tribunal hizo el suyo propio: determinó que el perjuicio para el estado fue de 85.000 millones de pesos. No explicó cómo hizo el cálculo.
• En el proceso judicial intervinieron el fiscal Ignacio Mahiques; el presidente del Tribunal fue Jorge Gorini y el fiscal principal Diego Luciani, ambos fotografiados jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, Los Abrojos. Las imágenes fueron publicadas por Página/12. Las apelaciones corrieron por cuenta de Mariano Borinsky, quien fue a jugar al tenis 16 veces con Macri a Olivos y Gustavo Hornos, visitante de Macri en la Casa Rosada. La Corte dijo este martes, que esos vínculos con el denunciante -el gobierno de Macri- no son suficientes para hablar de pérdida de la imparcialidad. Habría que ver si cualquier ciudadano, en un juicio, no objeta que el fiscal y el juez jueguen al fútbol en la quinta del denunciante, mientras que el tribunal de alzada lo integraran visitantes -incluso para el tenis- también del denunciante.
• En la insólita condena del Tribunal Oral se consideró una prueba clave el decreto 54/2009 que habilitó a Vialidad Nacional a pagar las obras con los fondos de un fideicomiso formado en base a una tasa en la venta de gasoil. El argumento fue que con ese decreto se le pagó a Báez. En verdad, el 54/2009 sigue vigente hasta hoy y los fondos se aplicaron -y aplican- al pago de obras en todo el país. Durante los tres años del juicio, el argumento del decreto ni siquiera se esbozó. Ahora la Corte lo menciona de una forma insólita: dice que es una prueba de la participación directa de CFK en los hechos.
• Tampoco durante los tres años de juicio se mencionaron los chats surgidos del celular de José López, el funcionario que tiró los bolsos con dólares en el convento de General Rodríguez. Lo insólito es que el Tribunal tomó esos diálogos -ninguno con Cristina misma- para asegurar que hubo una reunión entre CFK y Báez, al final del mandato de Cristina, noviembre de 2015, para "limpiar todo", lo que significa que pactaron allí un pago enorme a Báez. No hubo reunión alguna y no hubo ningún tipo de pago al santacruceño.
• El exprocurador Rodolfo Barra, en las antípodas ideológicas de CFK, dictaminó que a Cristina se le imputa "un delito imposible de cometer". La razón es que CFK no tenía firma ni poder ni vínculo alguno con las obras de Santa Cruz. Los administradores del erario público eran los jefes de Gabinete, no la presidenta, y ni siquiera el ministro Julio De Vido, el responsable del área, fue condenado.

Las irregularidades y maniobras se cuentan por centenares. Es una causa basada en la persecución política. Debe recordarse que a CFK no se le encontró ni una sociedad ni una cuenta en el exterior ni bienes ocultos en la Argentina. Todo lo contrario de lo que sucedió con la familia Macri: sociedades en paraísos fiscales y millones de dólares que tenían escondidos y los ingresaron -ilegalmente- a través de los sucesivos blanqueos.