Reino Unido desafió a Milei y prorrogó las licencias a las petroleras que operan en Malvinas
El Gobierno británico extendió todos los permisos offshore vigentes, con respaldo de Londres. La medida se conoció tras las sanciones impulsadas por el Gobierno argentino
La administración de las Islas Malvinas, bajo control británico, anunció la prórroga por cinco años de todas las licencias vigentes para actividades petroleras offshore. La decisión, respaldada por el Reino Unido, se conoció después de que el Gobierno de Javier Milei intensificara las medidas contra las compañías que operan en la zona sin autorización argentina.
Los permisos, que actualmente se encuentran en etapa de exploración, podrán extenderse por otros dos años. Esa ampliación quedará a criterio de las autoridades isleñas y dependerá del cumplimiento de los programas de trabajo comprometidos por las empresas.
"Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas", afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales.
La funcionaria defendió la explotación de los hidrocarburos al sostener que se trata de recursos propios de los habitantes del archipiélago. La Argentina rechaza esa posición y considera ilegítimos los permisos otorgados sin su consentimiento en un territorio cuya soberanía reclama.
Uno de los principales focos del conflicto es Sea Lion, un proyecto ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. La iniciativa es encabezada por Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, y la británica Rockhopper Exploration, dueña del 35% restante.
Las compañías adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión y proyectan comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028. Ambas sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por la administración isleña y con el respaldo del Reino Unido.
La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictó la semana pasada una medida cautelar que ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion.
La resolución respondió a una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. La magistrada reconoció, sin embargo, que la ejecución de la medida dependerá de la cooperación internacional y de la conducta de las empresas involucradas.
La administración de las Islas Malvinas, bajo control británico, anunció la prórroga por cinco años de todas las licencias vigentes para actividades petroleras offshore. La decisión, respaldada por el Reino Unido, se conoció después de que el Gobierno de Javier Milei intensificara las medidas contra las compañías que operan en la zona sin autorización argentina.
Los permisos, que actualmente se encuentran en etapa de exploración, podrán extenderse por otros dos años. Esa ampliación quedará a criterio de las autoridades isleñas y dependerá del cumplimiento de los programas de trabajo comprometidos por las empresas.
"Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas", afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales.
La funcionaria defendió la explotación de los hidrocarburos al sostener que se trata de recursos propios de los habitantes del archipiélago. La Argentina rechaza esa posición y considera ilegítimos los permisos otorgados sin su consentimiento en un territorio cuya soberanía reclama.