UN DECRETO DE RAMBALDI PONE EN RIESGO 120 PUESTOS DE TRABAJO.
La empresa LWK enfrenta al municipio por la clausura de su predio de Cuesta Colorada y radicó una denuncia penal contra el intendente.
Conte Más SRL, histórica firma del barrio, también objeta el decreto de Rambaldi: fue una "promesa de campaña". El ejecutivo municipal reivindica su atribución para determinar qué actividades están prohibidas.La decisión administrativa de la Municipalidad de La Calera puso en riesgo la continuidad operativa de LWK Ingeniería y Servicios, una empresa que emplea directamente a 120 trabajadores, en su mayoría residentes de esa ciudad.
Otra firma fundada en la zona y tradicional en su rubro, Conte Más SRL, una empresa B Certificada, tomó la decisión de irse del sector con lo cual nadie recogerá los residuos de obra en el oeste del Gran Córdoba.
El conflicto de LWK es el más conocido porque escaló hasta la Justicia con una denuncia penal, un amparo pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia y fuertes diferencias sobre la legalidad del decreto municipal que modificó las actividades permitidas en barrio Cuesta Colorada.
El predio de LWK en Cuesta Colorada que La Calera quiere erradicar por un decreto a menos de un año de haber validado su funcionamiento. En ámbitos empresarios y políticos también surgieron sospechas de que detrás de los cambios podría existir interés en liberar terrenos para futuros desarrollos inmobiliarios, algo que el municipio descarta.
La controversia se produce además en medio de una fuerte disputa entre el intendente Fernando Rambaldi y sectores de la oposición, que lo acusan de gestionar con actitudes autoritarias e inconsultas.
El empleo, en riesgo. LWK realiza tareas de recolección de residuos y poda en countries de la zona noroeste del Gran Córdoba, entre ellos La Rufina, Cinco Lomas, Lomas de la Carolina y Las Delicias. También presta servicios de mantenimiento en el sector público. Pero en Cuesta Colorada solo guarda camiones y equipos.
El municipio pretende que tras dos décadas de actividad abandone sus instalaciones de La Calera, situación que, según la firma, comprometería su operación y particularmente los 120 puestos laborales directos. Para los empleados, muchos radicados con sus familias en La Calera, un eventual traslado también implicaría desplazarse diariamente hacia otro punto del Gran Córdoba para cumplir sus turnos o perder el trabajo.
La firma funciona en el sector desde comienzos de la década del 2000 y desde 2007 obtuvo habilitaciones municipales renovadas sucesivamente, según sostiene en sus presentaciones.El escenario cambió con el Decreto 70/25, firmado por Rambaldi, con el supuesto propósito de reglamentar una ordenanza de 2017 y prohibió específicamente actividades como acopio de áridos, depósito de contenedores y camiones.
La Pyme cuestiona que esa modificación haya sido dispuesta sin intervención del Concejo Deliberante y afirma que afecta derechos adquiridos de 20 años y el principio de "confianza legítima".
En septiembre pasado presentó, con patrocinio del abogado Alfonso Buteler Turrado, un amparo cuya tramitación se encuentra actualmente a resolución del Tribunal Superior de Justicia.
Choque con la oposición
La disputa se desarrolla en un escenario político marcado por fuertes cuestionamientos opositores hacia la administración municipal.
Morán, jefe de la bancada peronista, acusó a Rambaldi de conducir tanto el municipio como su relación con el Concejo Deliberante mediante actitudes "totalmente autoritarias" e inconsultas."
Lo que está pasando en La Calera es que prácticamente funciona como una empresa privada del intendente Rambaldi", afirmó el dirigente peronista al describir el estilo de gestión municipal.
Entre los temas cuestionados mencionó la aprobación de un nuevo crédito sobre el cual, aseguró, la oposición desconoce aspectos básicos: "No sabemos montos, cuotas ni para qué".
Fuente : #LaVoz del Interior